A medida que los fenómenos extremos, como las olas de calor, las sequías severas y las inundaciones intensas se vuelven más frecuentes, las comunidades marginadas son las que pagan el precio más alto. La crisis climática revela, con una claridad incómoda, las desigualdades estructurales que existen en todo el mundo y expone los límites de un modelo de desarrollo que ha separado el crecimiento económico de la responsabilidad social y la protección de la vida humana.
Por Edison Barbieri (Brasil)
En los últimos años, la ciencia climática ha producido evidencias cada vez más sólidas, no solo sobre el calentamiento global, sino también sobre quiénes lo sufren más y por qué refleja decisiones políticas y desigualdades estructurales.
El calentamiento en sí es un fenómeno físico medible: la década de 2011 a 2020 fue la más cálida registrada en la historia moderna, con una temperatura media de la superficie terrestre de aproximadamente 1,1 °C por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, el impacto de estos cambios es profundamente desigual. Mientras que algunos países se enfrentan a los desafíos de la adaptación contando con recursos e infraestructura adecuados, otros ven destruidas sus vidas, sus medios de subsistencia y sus culturas, lo que los deja con una capacidad de respuesta mucho más limitada.
La crisis climática se ha convertido en una crisis social, política y ética. Revela, con una claridad incómoda, las desigualdades estructurales que impregnan el mundo y expone los límites de un modelo de desarrollo que ha separado el crecimiento económico de la responsabilidad social y del cuidado de la vida.
Como recuerda el papa Francisco en Laudato si’, “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única y compleja crisis social y ambiental” (LS, 139). Ignorar esta interdependencia significa comprometer cualquier intento serio de abordar la emergencia climática.
Las poblaciones más vulnerables: injusticia dentro de las fronteras
Dentro de los propios países, las desigualdades socioeconómicas determinan el grado de vulnerabilidad al cambio climático. Con la creciente frecuencia de eventos extremos, como olas de calor, sequías severas e inundaciones intensas, las comunidades marginadas pagan el precio más alto. Estudios realizados en Estados Unidos muestran, por ejemplo, que los barrios caracterizados por altos niveles de pobreza y una mayor concentración de población negra experimentan temperaturas urbanas hasta 7 °C más altas durante las olas de calor que las zonas más ricas, predominantemente blancas, debido a la falta de espacios verdes e infraestructura de refrigeración adecuada. Esta realidad ilustra el fenómeno conocido como racismo ambiental: la distribución desigual de los riesgos ambientales y las capacidades de mitigación en función de la raza, los ingresos y el poder político.
En Brasil, las poblaciones de la periferia urbana y las comunidades tradicionales, como los pueblos indígenas, los quilombolas y las comunidades ribereñas, también se encuentran entre las más afectadas. La combinación de acceso limitado a servicios esenciales, vivienda inestable y dependencia de los recursos naturales coloca a estas comunidades en un permanente riesgo de sequías prolongadas o inundaciones repentinas. Esta vulnerabilidad no es accidental, sino el resultado de procesos históricos de exclusión y políticas públicas que han descuidado el principio de equidad.
Estas poblaciones no son “vulnerables por naturaleza”. Se han vuelto vulnerables debido a decisiones políticas, omisiones históricas y un modelo de ocupación de la tierra que privilegia a algunos y sacrifica a otros. Como advierte Laudato si’, “el entorno humano y el entorno natural se deterioran juntos” (LS, 48).
Racismo ambiental: un problema global profundamente arraigado
El racismo ambiental se manifiesta cuando las decisiones políticas y económicas aumentan la exposición de los grupos marginados a riesgos ecológicos. Ya sea por la ubicación de plantas contaminantes cerca de comunidades pobres o por la falta de inversión en infraestructura resiliente en estas áreas, la lógica siempre es la misma: quienes tienen menos voz política son quienes más sufren. En Durban, Sudáfrica, las comunidades de los barrios marginales se enfrentan a la contaminación crónica debido a la mala gestión de los residuos industriales; en Luisiana (EE. UU.), las poblaciones afrodescendientes viven a la sombra de refinerías y vertederos químicos que agravan las enfermedades respiratorias y reducen la esperanza de vida. En todos estos contextos, el denominador común es la exclusión sistemática de los procesos de toma de decisiones y la incapacidad política para rechazar opciones que imponen riesgos desproporcionados para la salud y el medio ambiente.
Este patrón, sin embargo, no es resultado del azar ni de fallas individuales en la gobernanza. Es un fenómeno históricamente construido, arraigado en procesos coloniales, segregacionistas y desarrollistas que han normalizado la idea de que ciertos territorios, y especialmente ciertas vidas, son prescindibles en nombre del crecimiento económico. En América Latina, las poblaciones indígenas, las comunidades tradicionales, las comunidades ribereñas y, en particular, quienes viven en las periferias urbanas, suelen ocupar zonas consideradas de riesgo, no por elección, sino debido a su histórica exclusión del acceso a tierras seguras, viviendas dignas y servicios públicos. La crisis climática no hace sino agravar estas desigualdades preexistentes: las inundaciones, las olas de calor, la escasez de agua y la contaminación ambiental afectan con mayor intensidad a quienes ya viven en condiciones precarias. Por lo tanto, el racismo ambiental debe entenderse no solo como una injusticia ambiental, sino como una profunda violación ética, que pone de manifiesto el fracaso de los modelos de desarrollo incapaces de conciliar el progreso económico, la justicia social y la dignidad humana.
El Sur global paga la factura climática
Si bien existen profundas desigualdades dentro de los países, a nivel internacional, la injusticia climática es aún más evidente. Los países que más han contribuido a las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos y como la Unión Europea, se han beneficiado de la industrialización y la prosperidad económica. Por el contrario, muchas naciones del Sur global, que han contribuido mucho menos al calentamiento global, hoy enfrentan los efectos más severos de un clima que cambia rápidamente. Los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 2025) indican que las regiones tropicales son particularmente vulnerables a las sequías y las lluvias extremas, con impactos directos en la agricultura, infraestructura y salud pública. África subsahariana, por ejemplo, está experimentando una disminución de la productividad agrícola, lo que pone a millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria. En el sudeste asiático, las islas de baja altitud se enfrentan al aumento del nivel del mar, perdiendo tierras cultivables y asentamientos enteros. Es una paradoja moral que las sociedades que han quemado menos combustibles fósiles ahora tengan menos medios para adaptarse.
Política climática: entre el discurso y la acción
La respuesta política al cambio climático a menudo no reconoce plenamente estas desigualdades. Las políticas de mitigación y adaptación tienden a priorizar objetivos nacionales abstractos, como porcentajes de reducción de emisiones, sin considerar quién asume los costos o los beneficios. Mientras que las economías ricas desarrollan sistemas de créditos de carbono, mercados de compensación e inversiones en tecnologías de alto costo, los países con menos recursos luchan por financiar medidas básicas de adaptación, como la protección costera, los sistemas de alerta temprana y la infraestructura resiliente.
Las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) se han convertido a menudo en un escenario político donde se anuncian compromisos para reducir las emisiones, rara vez acompañados de financiación concreta para la adaptación en los países más vulnerables. El fondo climático prometido hace décadas (y solicitado de nuevo en la COP30) sigue siendo insuficiente y se ve obstaculizado por complejidades burocráticas que retrasan su eficacia. Esto refuerza la percepción de que la justicia climática con demasiada frecuencia se queda en la retórica, más que en la realidad.
Ética y derecho a existir: más allá de las cifras
Las cifras son alarmantes, pero es la dimensión ética la que realmente debería conmover a la opinión pública y a los responsables políticos. No se trata solo de las megatendencias climáticas, sino de vidas humanas, ecosistemas enteros y culturas centenarias amenazadas por una crisis que no provocaron. La justicia climática exige que los países y las corporaciones que más han contaminado asuman la responsabilidad proporcional, no solo en términos de emisiones, sino también en la financiación de la adaptación y la redistribución de recursos para fortalecer la resiliencia.
Existe además una conexión directa con los derechos humanos: el derecho al agua, la alimentación, la salud y un medio ambiente seguro. Cuando estos derechos se ven vulnerados por factores climáticos exacerbados por las emisiones antropogénicas, ¿cuál es la obligación ética de los más ricos y poderosos?
El cambio climático no se resolverá solo con tecnología ni con porcentajes de reducción. Es fundamental que los medios de comunicación y la ciudadanía comprendan la magnitud de la desigualdad climática, tanto dentro como entre países. Los textos que conectan los datos científicos con las historias humanas, que muestran cómo el Sur global paga el precio de la contaminación del Norte y que destacan el racismo y la vulnerabilidad socioeconómica como aspectos centrales de la crisis, no solo tienen impacto editorial, sino que representan una urgencia moral.
