Siguiendo el tema de los glaciares y en relación con la actualidad en Argentina, hemos entrevistado a Flavia Affanni y Andrés Porta, ambos argentinos, activistas y divulgadores de temas medioambientales, que conocen en detalle la situación con la reforma a la Ley argentina de Glaciares.
Por Tomás Araya (Chile)
ffanni integra el movimiento Movida Ambiental Vicente López y el espacio Intercuencas, entre otros, donde ha participado en temas urbanos ambientales en la cuenca del Río de La Plata. Desde 2004 trabaja en este tema con varias organizaciones a lo largo del país, formando una amplia red de colaboración.
Por otro lado, Porta es académico de la Universidad Nacional de La Plata y del Consejo Nacional de Investigaciones (Conicet). Es un investigador científico que ha trabajado con temas ambientales desde los años ochenta.
Conversamos con ambos sobre los efectos de esta reforma, los problemas que trae para los glaciares y el medioambiente.
Flavia Affanni nos explica, previamente, la historia de esta reforma. Por ejemplo, el hecho de que se elaboró en muy poco tiempo, sin difusión y sin respetar el acuerdo de Escazú, firmado por Argentina en abril de 2021, acuerdo que garantiza la información, la participación pública y la justicia en asuntos medioambientales. Ante la presión pública, se logró implementar una consulta a la que se inscribieron alrededor de 100 mil personas. Antes de la audiencia, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales decidieron reducir la participación de la audiencia a 300 personas, y el resto podría enviar sus ponencias escritas o en videos. Sin embargo, esta medida impedía el diálogo y discusión necesarios.
—En el concepto de diálogo, ¿cree que exista una alternativa que pueda conciliar ambos puntos de vista entre la reforma y la ley antigua?
—F. A.: Sobre las posibilidades de conciliar los puntos de vista, la verdad no lo sabemos, pero apenas terminó la aprobación de la ley se empezó una recolección de firmas. Llegamos casi a un millón de firmas para hacer un amparo, una judicialización colectiva. Así que somos casi un millón, eso es histórico. Ahora estamos en ese proceso de que la justicia lo reciba y tome acción de alguna manera.
Más allá de lo que fue sucediendo hasta ahora, yo tengo esperanza. El cuidado de la naturaleza y de la calidad de vida de todos es prioritario. Entonces yo creo que internacionalmente también es un tema muy relevante, así que podríamos apelar a la justicia internacional.
—¿De qué manera afecta que la administración de los glaciares pase a las provincias? ¿Existe un impacto para el monitoreo, investigación e inventario de glaciares?
—A. P.: Yo soy investigador científico en la provincia de Buenos Aires, la que tiene mayor capacidad productiva. Y, sin embargo, cuando nos comparamos con el Conicet, que es el nivel nacional, encontramos que tenemos un montón de dificultades, que nos faltan herramientas, que nos faltan inversiones. Hay provincias que no tienen ni siquiera algún concepto, algo que permita el desarrollo de la investigación, que permita que los científicos se muevan con libertad.
Les faltan herramientas, y no solo las físicas, sino herramientas para hacer un control adecuado, definir los límites, definir los indicadores, definir hasta dónde se permite, esa es la situación. Y además está lo otro, lo que también es una gran dificultad: todo esto es extracción de materias primas que se exportan directamente, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es darle valor agregado.
Es evidente que hay una necesidad, una competencia muy fuerte en los Estados Unidos y China, no hace falta ser político o analista para notarlo. Están buscando por donde sea y lo más barato posible, y nosotros estamos ahí. ¿Hay alguna compensación, diría usted, en esta guerra? Sí, en este momento particular del desarrollo tecnológico hacen falta insumos y los van a buscar a donde sea, y van a invertir lo que sea para ponerse en marcha, extraerlos y después irse.
Porta recuerda el caso de los bosques de quebracho, ocurrido en Argentina hace más de cien años, donde la industria inglesa explotó estos bosques para extraer un elemento necesario para el curtido de cuero, hasta que encontró otra fuente más barata, dejando instalaciones, empleados y bosques abandonados.
—A. P.: Yo creo que es una fase de la mirada capitalista de la historia, donde importa solo la rentabilidad y donde las personas son un elemento más en la cuenta para sacar mayor rentabilidad posible. Está en las manos de los dirigentes políticos permitir o no este tipo de acciones.
El Centro que dirijo, del Conicet, el año pasado recibió cuatro millones de pesos para trabajar, para funcionar todo el año. Te imaginarás que eso no alcanza para nada.
Por otro lado, hay una mirada más cercana a nosotros, a lo que nos decía el papa Francisco. No tenemos ningún derecho a apropiar los recursos que son de todos y hacer lo que se nos ocurra. Tenemos que ser responsables y pensar en todos. Pensar en los que están, pensar en los que vienen… Hay un principio, que es el principio de precaución, que dice que, en estas circunstancias, quienes quieren aprobar esta medida con los glaciares tienen que demostrar que no contamina, no al revés. Ellos tienen que demostrar que no van a contaminar y qué medidas toman para ello. Y hasta ahora no hay nada de eso.
—¿Cuál es el nivel de dependencia de Argentina sobre los glaciares?
—F. A.: Son fundamentales para las cuencas hídricas, ya que regulan la cantidad de agua y llegan a alimentar zonas áridas. Algunas de estas son Salta y Catamarca, que ahora, con la reforma de la ley, van a estar mayormente en peligro.
El cambio fundamental de esta reforma va especialmente en el objetivo. En la ley original el objetivo era cuidar glaciares y periglaciares, pero con la reforma, ponen como condición el cuidado solo si son importantes como recursos hídricos. Ahora cada provincia estará encargada de resolver la importancia hídrica que tengan estos glaciares. Además, hay gran presión por mineras cercanas y con la excusa de la federalización, porque en realidad esta ley es una ley de presupuestos mínimos, que establece un mínimo de protección. De ahí, las provincias tienen que asegurar mayor protección.
La Nación asegura algo básico para todos, como recursos y presupuestos para poder cumplir con esto; a partir de ahí las provincias tienen que complementar esta ayuda. Pero ahora es al revés, las provincias pueden hacer lo que les parezca si esos glaciares les parecen que no tienen importancia.
—¿En qué se basan para definir si un glaciar tiene una función hídrica? ¿De qué manera van a medir eso?
—A. P.: Para este caso han usado modelos para prever, según la dinámica del glaciar, los periodos de deshielo, las recargas, el retroceso por el cambio climático, etcétera.
¿Cómo impactaría el uso de esa agua con respecto al agua que necesitan los otros sectores? Ellos dicen que es minoritario. En ningún caso anterior pasó esto, todo lo contrario.
Pero para mí la pregunta más importante sería otra. ¿Cómo van a asegurar ellos que no van a contaminar? Porque por más que me dejes agua, si el agua está contaminada, ¿yo qué hago? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente que necesita esa agua para beber? ¿Qué hace el ganado? ¿Qué hace la gente que produce plantas?
El tema es que tenemos una ley buena, solo criticada por algunos; existe un consenso muy amplio (respecto de la ley original), pero la propuesta de modificarla parece responder al propósito de mejorar la rentabilidad de un proyecto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el costo?
La Iglesia argentina, en signo de oposición a esta propuesta de reforma, en algunos espacios dijo: “no es por una cuestión de ideologías ni nada”, es simplemente porque hay que cuidar los recursos que son de todos •
Nota: El pasado 9 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares por 137 votos a favor y 111 en contra. Aún si fue aprobada, varios expertos apuntan a un congelamiento de la reforma, sea por acciones de las provincias como de las organizaciones sociales.
