La Argentina se comprometió ante la ONU a restaurar 200.000 hectáreas de bosques nativos degradados para 2030. Sin embargo, la destrucción avanza mucho más rápido que la recuperación. La falta de financiamiento, monitoreo y coordinación estatal pone en riesgo el cumplimiento de esa meta.
por Grupo FOCO BOOTCAMP (Argentina)
Este informe periodístico forma parte de una investigación desarrollada en el ámbito de FOCO Bootcamp (2026) cuya versión original completa (con fuentes múltiples, metodología y créditos) está disponible en este enlace. Para acceder a imágenes, gráficos, respuestas de acceso a la información pública y otros materiales preparados para facilitar la republicación, ingresar a esta carpeta. Toda repercusión es bienvenida con cita de la fuente. Por favor, usar este formulario para enviar comentarios y sugerencias. ¡Gracias!
En 2030, la Argentina deberá responder por los compromisos ambientales que asumió a nivel internacional. Faltan cuatro años, pero los datos y las fuentes consultadas para esta investigación indican que ya no hay tiempo suficiente para cumplir el objetivo de restauración de bosques nativos que el país se había trazado.
En diciembre de 2019, al presentar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la estrategia de Neutralidad de la Degradación de las Tierras (NDT), el Estado argentino se comprometió a restaurar 200.000 hectáreas de bosques nativos degradados para el final de esta década.
El Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos (PNRBN), diseñado en 2017, era la herramienta prevista para alcanzar esa meta. El programa establecía llegar a 2023 con un piso de 18.000 hectáreas en restauración y, a partir de allí, avanzar hacia el objetivo de las 200.000.
En los hechos, el plan no terminó de arrancar. Después de un llamado a proyectos piloto y dos convocatorias federales, realizadas entre 2017 y 2022, la iniciativa quedó inactiva. Durante ese período se ejecutaron 43 proyectos en 15 provincias que, en conjunto, no superaron las 3.500 hectáreas.
En respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación informó que el plan continúa vigente, aunque actualmente no cuenta con financiamiento específico.
Una década para restaurar lo perdido en un año
El pico de pérdida de bosques nativos de 2020 –más de 330.000 hectáreas– relegó las tareas de restauración. Según Lazzari, las autoridades del área ambiental priorizaron destinar los recursos a la fiscalización y al monitoreo para intentar frenar la deforestación.
Aunque en los años posteriores disminuyó la pérdida, la destrucción siguió superando ampliamente el ritmo de recuperación. Según datos del Centro de Información Ambiental (CIAM), entre 2018 y 2024 se perdieron, en promedio, 202.000 hectáreas de bosque nativo por año.
En otras palabras, en doce meses desaparece una superficie equivalente a la que el país se comprometió a restaurar durante una década. La extensión perdida cada año se aproxima a diez veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una ley sin fondos
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, buscó regular las intervenciones de los titulares de predios con bosques nativos. La norma establece que las acciones deben ajustarse a planes de conservación, manejo sostenible o cambios de uso del suelo acordes con la categoría asignada por el ordenamiento territorial de bosques nativos de cada provincia.
Sin embargo, son pocos los propietarios que presentan proyectos de restauración frente a los planes que permiten el aprovechamiento sostenible.
“La formulación de un plan es responsabilidad del titular del predio. La mayoría de los bosques nativos están privatizados, son campos productivos y entonces, hay conflictos”, describe Lorena Suárez, directora de Bosques de la provincia de Buenos Aires.
Restaurar supone restringir parcial o totalmente el uso productivo de un territorio. “Restaurar tiene un costo elevado en relación con el beneficio que puede obtener el usuario de esa tierra”, apunta Ariel Medina, especialista en bosques de Fundación Vida Silvestre.
A estas dificultades se suma el financiamiento. La Ley de Bosques establece que las partidas destinadas al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos no pueden ser inferiores al 0,3 % del presupuesto nacional.
Los planes provinciales de restauración se financian principalmente con los fondos de la Ley de Bosques. De este modo, la escasez de recursos de esa política nacional repercute directamente en la capacidad de cada jurisdicción para conservar y recuperar sus ecosistemas.
Entre lo perdido y lo recuperado, faltan respuestas
Ante la ausencia de un sistema nacional de monitoreo de la restauración, esta investigación solicitó información pública a los organismos responsables de ejecutar la Ley de Bosques en las 23 provincias y a instituciones nacionales. El objetivo fue conocer la relación entre la superficie que se pierde y la que se recupera desde 2018, año de referencia para el compromiso asumido hacia 2030.
Las respuestas recibidas permiten reconstruir solo una parte de la situación. En La Pampa, por ejemplo, se informaron 4.513 hectáreas restauradas frente a unas 70.900 hectáreas perdidas entre 2018 y 2024. En Entre Ríos, mientras el área boscosa se redujo en 30.912 hectáreas, solo se recuperaron 2.478.
Al cierre de la investigación, doce provincias no habían respondido los pedidos de información: Catamarca, Chubut, Córdoba, Formosa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán. Las solicitudes se habían enviado entre agosto y comienzos de septiembre de 2026, y ya habían vencido los plazos de prórroga establecidos por las normas de transparencia.
En Chaco, la Dirección de Bosques, pese a ser la autoridad local de aplicación de la Ley 26.331, informó que el departamento no contaba en sus archivos ni en sus bases de datos con la información técnica y operativa solicitada.
Desde Jujuy, Roberto Quintana, director de Bosques y Manejo y Uso del Suelo, también señaló que se desconoce el alcance de los proyectos de restauración, ya que históricamente no fueron sistematizados en esa provincia. La consulta del equipo de investigación, explicó, activó “la necesidad de ampliar este tema y buscar la forma de desarrollar una base de datos”.
Según los datos del CIAM, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y San Luis fueron las provincias que más bosque nativo perdieron durante los últimos ocho años. En cuatro de ellas –con excepción de Formosa– los organismos responsables de regular los bosques dependen de ministerios de Producción.
Restaurar también es una tarea comunitaria
A través del proyecto Comunidades Regenerativas, la organización Acción Ambiental, que desde 2020 trabaja en la restauración de bosques de Córdoba, busca recomponer áreas degradadas por incendios forestales o por la acción humana mediante la plantación de especies nativas en nueve localidades.
El lugar, las especies y la cantidad de árboles se coordinan con los gobiernos locales, que actúan como facilitadores. La comunidad participa tanto de las plantaciones como del seguimiento del crecimiento del bosque mediante una aplicación móvil que permite monitorear cada ejemplar.
Estas experiencias muestran que la recuperación es posible, pero requiere planificación, continuidad y seguimiento. Plantar árboles es apenas una parte del proceso: hace falta que crezcan, que se adapten al entorno y que contribuyan a recomponer el ecosistema.
La restauración no termina con la plantación
El artículo 40 de la Ley de Bosques dispone que, si un bosque nativo es degradado por desmontes ilegales o incendios, debe garantizarse su restauración al estado original. En la práctica, sostiene la abogada, esa obligación se convierte en una excepción: “Como la misma autoridad no controla, no se exige ninguna recomposición”.
En la zona afectada predominaban árboles como el ñandubay y el espinillo, y el bosque era hábitat de zorros, aguará guazú y mulitas. Para Enderle, si fue posible detectar el desmonte a través de imágenes satelitales, el Estado provincial también podría haberlo advertido a tiempo. “No hay voluntad para controlar”, afirma.
Después de varias instancias de elaboración, se preparó un plan de recomposición con aportes de universidades. Los demandados deberán hacerse cargo de restaurar el bosque. Un análisis técnico determinará si será posible favorecer la regeneración natural o si habrá que plantar en los sectores más afectados por las topadoras y la compactación del suelo. Desde Fundación Cauce, junto con pobladores locales, seguirán de cerca el cumplimiento de la orden judicial.
“La plantación no basta”
Ordenar el territorio desde una perspectiva ambiental aparece como una necesidad para los especialistas. La restauración de los bosques nativos no consiste únicamente en recuperar árboles: supone recomponer la biodiversidad, los procesos ecológicos y las funciones que permiten sostener la vida y las actividades humanas.
La Argentina tiene una ley, un plan y un compromiso internacional. Pero sin presupuesto suficiente, información confiable, coordinación entre jurisdicciones y controles que garanticen la recuperación de los ecosistemas dañados, las metas corren el riesgo de quedar en el papel.
Desmontar puede llevar un instante. Recuperar un bosque demanda décadas. La distancia entre ambos tiempos exige políticas sostenidas, responsabilidad estatal y participación social para que lo que hoy se pierde no se convierta en una ausencia imposible de reparar
