A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 a 103 kilómetros de profundidad sacudió el occidente de Colombia, cambiando en segundos la vida de 317.137 personas y afectando la mitad de los departamentos del país.
Por Ana Cristina Montoya (Colombia)
Mientras que en ciudades como Cali y Pereira se movilizaron inmediatamente numerosas operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, muchos lugares permanecían incomunicados y sin posibilidad de acceso, entre estos San José del Palmar (Chocó), donde se localizó el epicentro. Este contraste ha sido tal vez la evidencia más fuerte que el terremoto ha dejado al descubierto.
Chocó es el departamento con el mayor índice de pobreza monetaria de Colombia, 61.7 %, frente a un promedio nacional de 28 %. Cifras que durante años han figurado en informes públicos sin que su conocimiento llevara a modificar sustancialmente la demanda social. El sismo obligó a mirar de nuevo un territorio del que el país suele hablar cuando ocurre una emergencia humanitaria, una crisis de orden público o una tragedia natural.
En Cali, Pereira y Manizales, además de la superación del dolor por la vida de las víctimas, las familias diezmadas, los sueños devastados, el trabajo ahora consistirá sobre todo en recuperar viviendas, edificios públicos, redes de servicios y actividad económica, mientras en municipios del Chocó o el puerto de Buenaventura, la situación tiene otro matiz: no basta con volver al punto anterior al terremoto. La reconstrucción requiere una verdadera política de institucionalización para que después de la fase de emergencia no se sigan perpetuando las condiciones de precariedad y aislamiento que ha caracterizado estas regiones, y que se traduce en falta de acceso a servicios públicos básicos, salud, educación, entre otras, que exponen estas poblaciones al control de la criminalidad organizada. La situación exige pasar de una idea de cooperación a una real y eficiente presencia estatal, en lugares en los que ya era insuficiente −o casi nula− antes del 10 de agosto.
Un contexto político particular
El terremoto ocurrió, además, en un momento político poco común. Abelardo De La Espriella se había posicionado como presidente apenas tres días antes, el 7 de agosto, en Cali. Ese lunes era el primer día hábil de su gobierno. Su programa había situado entre las prioridades iniciales la recuperación del control territorial y una política de seguridad de mano dura frente a las organizaciones criminales. Durante la campaña también había defendido una mayor descentralización de la ejecución pública y una relación más directa del Gobierno nacional con las regiones.
La emergencia exigió un reajuste inmediato de la agenda. No anuló los problemas de seguridad que el nuevo gobierno prometió enfrentar, pero introdujo otra forma de entender la presencia del Estado. Controlar un territorio exige más que el despliegue de la fuerza pública; supone que una escuela pueda funcionar, que un centro de salud tenga capacidad de respuesta, que el agua llegue, que una carretera permita entrar y salir y que un municipio disponga de recursos técnicos para actuar cuando ocurre una crisis. El balance sigue abierto: al 23 de agosto reportaba 329 personas fallecidas, 4.600 heridas, 234 desaparecidas. El registro incluía 175.397 viviendas averiadas, 31.450 destruidas y 574 edificios colapsados1 en el territorio nacional.
La emergencia también obligó al Gobierno a revisar sus prioridades económicas. El 20 de agosto declaró por 30 días el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, al considerar insuficientes los instrumentos ordinarios frente a la magnitud y dispersión territorial de los daños, calculados en unos 9.500 millones de dólares. Esto implica también modificar el Plan Nacional de Desarrollo.
La descentralización, que hasta hace unas semanas podía leerse como una promesa de campaña, se convierte en un problema de gestión. Ningún fondo nacional podrá reconstruir con eficacia centenares de municipios si las decisiones permanecen concentradas en Bogotá, o si alcaldías y gobernaciones carecen de capacidad técnica para formular, contratar, ejecutar y vigilar las obras. Sin desconocer además la desigualdad de base, pues mientras las respuestas pueden activarse con mayor rapidez en las ciudades donde los daños son más visibles y donde existen instituciones con mayor capacidad operativa, en los municipios pequeños avanzan con más lentitud.
Sociedad civil y sector privado
La otra imagen que ha dejado el terremoto es la de una amplia movilización social. En muchas ciudades del país, los supermercados se encuentran desabastecidos a raíz de las compras masivas para donaciones; toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad desbordan los centros de acopio. A esto se han sumado iniciativas económicas de todo tipo, desde megaconciertos hasta torneos de “pádel social” promovidos por universitarios.
El sector privado también ha adquirido un papel relevante. Los aportes del empresariado han ascendido a unos 650 millones de dólares, entre aportes directos y beneficios en medidas crediticias; con una participación histórica en las campañas de emergencia. Un país que se ha solidarizado y que puede cubrir necesidades urgentes, financiar albergues, alimentos, medicamentos o incluso obras. Pero no puede sustituir las obligaciones permanentes del Estado.
Una oportunidad histórica
El terremoto se ha convertido así en la primera prueba de gobierno para De La Espriella, para las instituciones territoriales, el empresariado y la sociedad civil.
Esperamos que esta movilización ciudadana y la cooperación internacional sean seguidas por una política de reconstrucción que reduzca, en lugar de reproducir, las desigualdades que el sismo dejó a la vista.
La visibilidad que ha adquirido el Pacífico colombiano, de prevalente población afro, fruto del terremoto puede ser una oportunidad de que, una vez terminada la emergencia en la que nos deja esta gran tragedia, el territorio siga siendo central en la política nacional. En un departamento donde dos de cada tres personas viven en condición de pobreza, la reconstrucción no puede limitarse a un inventario de muros, techos y carreteras.
Ese será el punto de comparación dentro de algunos años. No bastará con contar cuántas viviendas fueron levantadas o cuántos kilómetros de carretera se repararon. Habrá que preguntar si San José del Palmar quedó mejor conectado, si finalmente la comunidad indígena de Aguasal puede acceder a los servicios básicos, si las comunidades rurales recibieron la misma atención que los centros urbanos, si los servicios públicos recuperados son más resistentes y si Chocó solo es atendido cuando una emergencia obliga al resto del país a mirarlo.
1. Cifras de víctimas y daños actualizadas al corte disponible de la UNGRD del 23 de agosto de 2026.
