América Latina es reconocida como una de las regiones más biodiversas del planeta. Paradójicamente, esta riqueza natural convive con profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales.
Por Edison Barbieri (Brasil)
América Latina alberga la mayor selva tropical del mundo, extensas zonas costeras, importantes reservas de agua dulce, vastos ecosistemas marinos y una rica diversidad cultural representada por pueblos originarios, comunidades tradicionales, quilombolas, campesinos y poblaciones urbanas. En este contexto, el cambio climático no solo representa una amenaza ambiental, sino que también amplifica injusticias históricas que afectan a millones de latinoamericanos.
Aunque los países latinoamericanos han contribuido relativamente menos a las emisiones históricas de gases de efecto invernadero en comparación con las grandes potencias industriales de Europa, América del Norte y Asia, la región se encuentra entre las más vulnerables a los impactos del cambio climático. Sequías prolongadas, inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierra, incendios forestales, pérdida de biodiversidad y aumento del nivel del mar ya afectan de manera significativa a numerosos países del continente.
Es en este escenario donde emerge el concepto de justicia climática. Más que un enfoque ambiental, la justicia climática busca comprender cómo los efectos del cambio climático afectan de manera desigual a distintos grupos sociales. Parte del principio de que los impactos ambientales no se distribuyen equitativamente y de que las poblaciones más pobres, aunque son las menos responsables de la crisis climática, suelen sufrir sus consecuencias más severas.
En América Latina, esta realidad se hace evidente en prácticamente todos los países. En el semiárido brasileño, sequías cada vez más intensas comprometen la seguridad hídrica y alimentaria de miles de familias agricultoras. En la región andina, el acelerado retroceso de los glaciares amenaza el abastecimiento de agua para ciudades y zonas agrícolas de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. En América Central y el Caribe, huracanes cada vez más intensos provocan pérdidas humanas, destrucción de infraestructuras y daños económicos que con frecuencia superan la capacidad de recuperación de los gobiernos locales.
Los impactos también son particularmente severos para los pueblos originarios y las comunidades tradicionales. En la Amazonía, por ejemplo, el aumento de las temperaturas, las alteraciones en los regímenes de lluvia y el avance de la deforestación amenazan formas de vida construidas a lo largo de siglos. Para muchas de estas comunidades, la pérdida de biodiversidad no representa únicamente una cuestión ecológica, sino también cultural y espiritual, ya que sus conocimientos, tradiciones e identidades están profundamente vinculados a los ecosistemas donde habitan.
Las poblaciones urbanas vulnerables también enfrentan desafíos crecientes. América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo, con más del 80 % de su población viviendo en ciudades. Sin embargo, gran parte de este crecimiento ocurrió de manera rápida y desordenada, dando lugar a la expansión de periferias frecuentemente marcadas por déficits de infraestructura, saneamiento básico y vivienda adecuada. En estos territorios, las inundaciones, los deslizamientos de laderas y las olas de calor suelen generar impactos desproporcionados.
Las inundaciones que afectaron el sur de Brasil en 2024 ilustran esta realidad. Aunque el desastre impactó a distintos sectores de la sociedad, fueron las poblaciones de menores ingresos las que enfrentaron mayores dificultades para reconstruir sus viviendas, recuperar sus bienes y retomar sus actividades económicas. Situaciones similares pueden observarse en ciudades como Bogotá, Lima, Ciudad de México, Buenos Aires y Santiago, donde los riesgos climáticos suelen superponerse a desigualdades socioeconómicas ya existentes.
Otro aspecto importante de la justicia climática latinoamericana se relaciona con las actividades económicas basadas en la explotación intensiva de los recursos naturales. La minería, la expansión agropecuaria, la explotación petrolera, la deforestación y las grandes obras de infraestructura suelen generar beneficios económicos concentrados, mientras que los impactos ambientales recaen sobre las comunidades locales. En muchos casos, poblaciones rurales, indígenas y tradicionales enfrentan desplazamientos, pérdida de territorios y degradación ambiental sin participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones.
La desigualdad de género también desempeña un papel relevante. En diversas regiones de América Latina, las mujeres asumen responsabilidades centrales relacionadas con el abastecimiento de agua, la producción de alimentos y el cuidado familiar. Cuando las sequías, inundaciones o eventos extremos comprometen estos recursos, el impacto social y económico sobre las mujeres tiende a ser aún mayor. Estudios recientes demuestran que ellas enfrentan con frecuencia obstáculos adicionales para acceder al crédito, la asistencia técnica, la propiedad de la tierra y los mecanismos de adaptación climática.
Ante este panorama, la justicia climática propone que las estrategias de mitigación y adaptación sean construidas sobre principios de equidad, inclusión social y participación democrática. Esto implica reconocer que no todos los grupos poseen la misma capacidad para responder a los impactos climáticos y que las políticas públicas eficaces deben priorizar a quienes enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad.
En América Latina, ello supone fortalecer programas de adaptación para la agricultura familiar, ampliar las inversiones en infraestructuras resilientes, proteger ecosistemas estratégicos como la Amazonía, los Manglares y los Andes, garantizar los derechos territoriales de los pueblos originarios y las comunidades tradicionales, y promover sistemas urbanos más sostenibles e inclusivos.
En este contexto, los mecanismos internacionales de financiación climática adquieren una importancia estratégica. Muchos países latinoamericanos enfrentan importantes limitaciones fiscales para implementar acciones de adaptación a gran escala. Los recursos provenientes de fondos internacionales pueden contribuir a reducir vulnerabilidades, fortalecer capacidades institucionales y aumentar la resiliencia de las comunidades expuestas a riesgos climáticos. Sin embargo, especialistas advierten que los montos actualmente disponibles siguen siendo muy inferiores a las necesidades reales de la región.
La reflexión propuesta en la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco posee una relevancia especial para América Latina. Al destacar la relación inseparable entre la crisis ambiental y la crisis social, el documento refuerza una percepción ampliamente compartida por diversos movimientos sociales latinoamericanos: no es posible proteger la naturaleza sin enfrentar simultáneamente la pobreza, la exclusión y las desigualdades estructurales.
Más que una cuestión técnica asociada a las emisiones de carbono o a los modelos climáticos, la justicia climática representa un debate sobre desarrollo, democracia y derechos humanos. Nos invita a reflexionar sobre quién asume los costos ambientales del progreso económico y quién se beneficia de él. También cuestiona qué voces son escuchadas en la formulación de políticas públicas y qué grupos permanecen excluidos de los procesos de toma de decisiones.
Para América Latina, la construcción de un futuro sostenible dependerá no solo de la capacidad de reducir emisiones o implementar tecnologías verdes, sino también de la voluntad de enfrentar las desigualdades históricas que vuelven a determinados grupos mucho más vulnerables que otros. La transición hacia sociedades resilientes exige una combinación de protección ambiental, inclusión social, fortalecimiento institucional y valorización de los conocimientos locales y tradicionales.
La justicia climática constituye, por tanto, uno de los grandes desafíos del siglo XXI para América Latina. En una región marcada por una extraordinaria riqueza natural y profundas desigualdades sociales, construir respuestas justas frente a la crisis climática significa reconocer que la sostenibilidad ambiental y la justicia social son objetivos inseparables. Solo cuando ambas avancen conjuntamente será posible garantizar un futuro más seguro, digno y sostenible para las próximas generaciones.
