En construcción – Ha emergido una ambiciosa y urgente agenda con el crecimiento, la sostenibilidad y la igualdad en su centro, basada en un enfoque de derechos que le da consistencia y fundamentos para su proyección futura. Se trata de transitar de la cultura del privilegio a la ética de la igualdad.
Por Rolando Cristao (Argentina)
Como sociedades latinoamericanas estamos viviendo un acelerado proceso de cambio de época. Las tendencias mundiales dominantes en la economía y en la sociedad exacerban las contradicciones de un estilo de desarrollo que se ha vuelto insostenible. Estas contradicciones son evidentes. Prueba de ello son el aumento sin precedentes de la desigualdad global en las últimas décadas, la agudización de la crisis ambiental, especialmente el cambio climático, y el papel ambivalente de la revolución tecnológica que, al mismo tiempo que abre opciones para la sostenibilidad, genera tensiones en los mercados laborales que se agravan a medida que se expanden las nuevas tecnologías. Los profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales han motivado la búsqueda de respuestas por parte de la comunidad internacional a través de esfuerzos que han madurado por más de dos decenios. La más amplia y ambiciosa de ellas es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que los 193 países representados en la ONU aprobaron en 2015. Estos compromisos reconocen la igualdad y la sostenibilidad como los principios rectores, compartidos y universales, en los que se debe basar una nueva batería de estrategias y políticas globales, regionales y nacionales.
No obstante, el dinamismo de la realidad surgida con posterioridad a los compromisos globales acordados, exige nuevas reflexiones y estudios que nos permitan medir los impactos de los acontecimientos que vive hoy la humanidad. La pandemia, sin duda, se constituyó como el fenómeno que provocó la mayor incertidumbre global en todos los ámbitos del quehacer humano. La desaceleración de la economía, las nuevas demandas sanitarias, educacionales, tecnológicas y ambientales profundizaron la situación de vulnerabilidad de numerosos sectores. Este contexto global desafía muy especialmente a las sociedades latinoamericanas, el continente con mayores desigualdades hacia el interior de cada país, y cuyas democracias afrontan crisis devenidas de instituciones que no siempre son capaces de canalizar las demandas ciudadanas. Es necesario conjugar la sostenibilidad a mediano y largo plazo de un desarrollo dinámico con el avance sistemático hacia mayores niveles de igualdad. Tal igualdad no se entiende solo como una igualdad de medios, es decir, como una mejor distribución del ingreso. Se entiende, también, como una mayor igualdad en capacidades, en pleno ejercicio de la ciudadanía y en dignidad y reconocimiento recíproco de todos los actores. Reconocer a los sujetos como iguales e interdependientes implica poner en marcha políticas tanto para promover su autonomía como para mitigar sus vulnerabilidades. Incorporar las contribuciones realizadas desde las perspectivas de derechos, de género, etnia y medio ambiente, significa plantearse políticas de equidad en la distribución de roles (en la familia, en el trabajo, en la política), en la relación entre generaciones presentes y futuras, y en la visibilidad y afirmación de identidades colectivas.
Los actuales niveles de desigualdad, además de ser socialmente injustos, son sumamente ineficientes en términos económicos y constituyen un obstáculo a la gobernabilidad democrática de los países. Por otra parte, la calidad democrática, en términos de calidad institucional y clara autonomía de los poderes del Estado, contribuye a la conformación de sociedades más igualitarias. Esto vuelve necesario el debate por el rol del Estado, superar las lógicas de subsidiariedad que desmercantilicen y desfamiliaricen el acceso al bienestar, y promuevan políticas que impacten en la redistribución. Las demandas actuales de las sociedades manifiestan un claro rechazo a la persistencia de la cultura del privilegio en sus múltiples dimensiones, en particular las vinculadas a la concentración de la riqueza, el acceso segmentado a servicios públicos de calidad, y el no reconocimiento de la dignidad de los individuos y las comunidades. En tal sentido, son necesarios nuevos pactos sociales que apuesten por reformas estructurales orientadas a la redistribución del ingreso y otros activos, así como al reconocimiento de identidades y autonomías diversas, y a la superación de la heterogeneidad estructural del aparato productivo.
La matriz de desigualdad en América Latina tiene varias dimensiones: ingresos, activos físicos y financieros, capacidades, oportunidades, productividad, habitabilidad, poder, acceso al bienestar, redes de relaciones y goce de derechos. Estas brechas sociales tienen como determinantes los ámbitos macroeconómico, productivo, institucional, territorial, cultural y de relaciones de género. La igualdad es un compromiso ético ineludible, y la igualdad de derechos, al constituir un valor específico de la ciudadanía y del humanismo moderno, debe cristalizarse en instituciones, estructuras y políticas que permitan avanzar hacia el cierre de brechas de desigualdad. La mayor democracia política, las políticas redistributivas y la ampliación de la sociedad del conocimiento tienden a consolidar una cultura de igualdad de derechos que está en las antípodas de la cultura del privilegio. En este sentido, resaltan los avances logrados en la región en la primera década del siglo XXI, que implican una mayor conciencia sobre los derechos civiles, económicos, políticos y sociales, aunque también se han agudizado tensiones y conflictos en los que unos actores exigen mayor acceso a los frutos del progreso, mientras que otros se repliegan sobre sí mismos, se aíslan del resto de la sociedad y procuran blindar sus privilegios. Entre la cultura de derechos y la cultura de privilegios, la política se ve atravesada por crisis y demandas de legitimidad.
¿Podemos pensar en una sociedad menos desigual y más equitativa? La respuesta pasa por la viabilidad de construcción de nuevos instrumentos y acciones de política, así como nuevas formas de implementación y puesta en marcha, un proceso en el que las instituciones y las acciones colectivas son determinantes. Ha emergido una ambiciosa y urgente agenda con el crecimiento, la sostenibilidad y la igualdad en su centro, basada en un enfoque de derechos que le da consistencia y fundamentos para su proyección futura. Se trata de transitar de la cultura del privilegio a la ética de la igualdad.