Chile concentra cerca del 80 % de glaciares de toda Latinoamérica, pero no cuenta con una legislación dirigida a su protección. En los últimos cinco años se han presentado más de 90 decretos relacionados con la escasez hídrica en todo el país. Ante la discusión de la reforma de la ley de glaciares en Argentina, algunas organizaciones consideran que los glaciares en Chile pueden estar en alerta.
Por Tomás Araya (Chile)
Los glaciares se definen como una masa de agua terrestre en estado sólido, de origen natural, compuestos por hielo y nieve, que han mantenido esta condición por al menos cinco años. Son un elemento base para el ciclo natural del agua y según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concentran casi el 70 % del agua dulce de todo el planeta. Chile es uno de los principales países en Sudamérica respecto de los glaciares, ya que concentra casi el 80 % de estos en toda la región, llegando a ser 26.180 glaciares en todo el país según la Dirección de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y su informe de 2022.
Estas reservas de concentración hídrica e indicadores del cambio climático son un recurso base e importante para la sociedad y el bienestar ambiental, tal como lo son para los acuíferos naturales, depósitos responsables de guardar aguas subterráneas y el agua dulce. En los últimos años han subido las alertas respecto de la estabilidad de estas masas sólidas de agua, ya que presentan una descongelación y una fragmentación inhabitual producto del calentamiento global.
Según la ONU, en su informe del desarrollo de recursos hídricos de 2025, factores como la alteración del clima, pérdida de biodiversidad y actividades insostenibles generan una alta inestabilidad en estas masas. Diversas organizaciones internacionales y gobiernos han buscado generar acciones y tratados en conjunto para el cuidado medioambiental y de glaciares, además de legislaciones.
Ante la reciente derogación del actual gobierno chileno de 43 artículos relacionados con la protección ambiental, se ha producido un debate en torno al objetivo de esta decisión, ya que estas derogaciones impiden la creación de algunos parques nacionales o el reglamento para la declaración de áreas degradadas y la elaboración de planes de restauración ecológica, entre otros. El gobierno argumentó que su decisión tiene como objetivo asegurar estándares técnicos y normativas vigentes.
En el caso de Chile, no existe una legislación directa de los glaciares; solo tienen una protección parcial de acuerdo con la Ley de Bases del Medio Ambiente promulgada en 1994 y la reforma al Código de Aguas de 2022. En la primera, se definen principios como la nula constitución de derechos de aprovechamiento de glaciares, el mantener un programa de control y calidad de las aguas, y mantener una red de monitoreo de glaciares y nieves.
El primer inventario de glaciares en Chile, a cargo de la DAG, se realizó entre 2014 y 2015, siendo la segunda y última edición en 2022. Actualmente, más del 50 % de los glaciares del país pertenecen a la zona austral, y un 30 % a la zona centro y sur. El tipo de glaciar que predomina en Chile son los glaciaretes, cuerpos de hielo que se presentan en montañas, y que corresponden al 70 % de los glaciares a nivel nacional. En 2008 se creó la única Unidad de Glaciología de la DGA, única entidad gubernamental encargada de administrar eficientemente los glaciares del país pero que cerró a finales de 2022, hecho que fue criticado por la comunidad científica y académica.
Casos emblemáticos
Algunos casos de actividades insostenibles, según la fundación de Glaciares Chilenos, ha sido la situación del proyecto minero “Los Bronces Integrado” en la región Metropolitana, aprobado por el comité del Ministerio del Medioambiente y cuestionado por científicos y la ciudadanía debido al impacto medioambiental. Más detalladamente, en palabras de la fundación, la expansión de la mina bajo tierra tiene consecuencias en los glaciares que aún no son del todo conocidas, además de la contaminación por partículas y polvo que llegarían al glaciar, aumentando el proceso de descongelamiento.
Otro caso similar fue el del proyecto minero de Pascua Lama, de la compañía canadiense Barrick Gold y su afiliada, Compañía Minera Nevada S.A. Esta minera se instaló en la mitad de la cordillera de los Andes. Todos los minerales que buscaban extraer estaban debajo de tres glaciares: Toro 1, Toro 2 y Esperanza. La minera destruyó más del 62 % del Toro 1, el 71 % del Toro 2 y el 70 % del glaciar Esperanza, lo que le costó sus permisos de explotación. Cerró en Chile en 2020, mientras que aún mantiene operaciones por el lado argentino.
Argentina en debate
A diferencia de Chile, Argentina sí mantiene una ley de glaciares, la cual fue promulgada en 2010, pero actualmente está en debate, ya que el gobierno postuló una reforma que cambiaría la protección de los glaciares y destinaría la administración de estos a las provincias. Se propuso una reforma que modificaría la ley en dos puntos principales: el primero es dejar en protección estricta los glaciares que brindan un aporte hídrico importante a una cuenca, el segundo sería traspasar una mayor responsabilidad a las provincias respecto del rol de los glaciares.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas y especialistas advierten que la reforma podría debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental y anticipan que, de aprobarse, la ley será judicializada por implicar una posible regresión en materia ambiental.
Recursos como los glaciares y cuencas hídricas no pueden entenderse únicamente desde la mirada económica; es importante considerarlos dentro de la dinámica local y global. Se trata de buscar desarrollos sustentables en diálogo con expertos, comunidades locales y legales, tal como sería dentro de una única familia.
